El Quinto Circuito restablece el requisito de dispensación presencial para la píldora abortiva mifepristona
El Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones restableció el requisito de dispensación presencial para la mifepristona, bloqueando las recetas por telemedicina. La sentencia se produjo después de que un juez federal suspendiera la demanda de Luisiana a la espera de la revisión de seguridad de la FDA sobre el medicamento abortivo.
Un tribunal federal de apelaciones ha restablecido el requisito de dispensación presencial para el medicamento abortivo mifepristona, bloqueando a los proveedores de telemedicina que recetaban la píldora abortiva en todo Estados Unidos. En una orden unánime (3-0) emitida por el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU., el tribunal concedió la solicitud de Luisiana de una medida cautelar contra los cambios normativos de la FDA de 2023 que permitían a los proveedores de telemedicina de estados progresistas enviar mifepristona a pacientes en estados donde el aborto está prohibido.
La sentencia no afecta al misoprostol, el segundo medicamento utilizado junto con la mifepristona para interrumpir embarazos, ni impide la prescripción presencial de píldoras abortivas. La medida cautelar tendrá el mayor impacto en las mujeres de la docena de estados donde los legisladores han buscado eliminar por completo el acceso al aborto.
El juez Stuart Kyle Duncan escribió en representación del tribunal que la norma de telemedicina de 2023 "perjudica a Luisiana al socavar sus leyes de protección de la vida humana no nacida y también al hacer que gaste fondos de Medicaid en atención de emergencia para mujeres afectadas por la mifepristona". Añadió: "Cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que 'todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona legal'".
La sentencia se produjo después de que el juez de distrito David Joseph, en Lafayette, Luisiana, hubiera suspendido la demanda de Luisiana el 7 de abril, a la espera de la propia revisión de seguridad de la mifepristona por parte de la FDA. Joseph escribió que "es la finalización de la prometida revisión de buena fe, basada en evidencia y expedita de la REMS de la mifepristona por parte de la FDA, no un 'gobierno mediante demandas', lo que este Tribunal considera de interés público". Indicó que el estado podría continuar su impugnación después de esa revisión, añadiendo que la suspensión "no se mantendrá indefinidamente".
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó la demanda el otoño pasado junto con Rosalie Markezich, quien afirmó que fue coaccionada para tomar fármacos abortivos por su entonces novio. La demanda sostiene que la política permitió que el expareja de Markezich obtuviera el medicamento de un médico de California y luego la coaccionara para tomarlo. Murrill argumentó que la decisión de la administración Biden de eliminar el requisito de dispensación presencial fue "arbitraria" y "caprichosa", y que las píldoras abortivas son demasiado riesgosas para recetarlas de forma remota.
El Departamento de Justicia de EE.UU. bajo la administración Trump solicitó al tribunal que suspendiera la demanda, argumentando que revertir las normas de Biden mientras su revisión está en curso equivale a una "intervención judicial" en el proceso de revisión de medicamentos de la agencia. Un portavoz del DOJ dijo que el departamento estaba "comprometido con avanzar la agenda provida del presidente Trump" y "simplemente solicitó más tiempo al tribunal para que la FDA complete su revisión".
Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la FDA está realizando su estudio de seguridad de la mifepristona, incluida la recopilación de datos sólidos y oportunos. "Una vez que la FDA termine su análisis de los datos, la agencia decidirá si realiza cambios sustanciales en la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos de la Mifepristona", señaló el portavoz. El portavoz indicó que dichos estudios "a menudo toman aproximadamente un año o más para realizarse", pero planean "tener este estudio listo antes de ese plazo".
Veintiún fiscales generales estatales y 60 miembros del Congreso presentaron escritos de amicus curiae en apoyo a los esfuerzos de Luisiana. El representante Chris Smith, republicano de Nueva Jersey, y el senador Bill Cassidy, republicano de Luisiana, presentaron un escrito junto con otros 58 miembros del Congreso argumentando que la acción de la administración Biden fue "ilegal" y expresaron su preocupación de que "sin una evaluación presencial, la capacidad de un proveedor para discernir" coerción o violencia de pareja "es limitada".
El panel del Quinto Circuito rememoró su decisión anterior en una demanda similar hace tres años, en la que dictaminó que la FDA excedió su autoridad al flexibilizar las restricciones sobre la mifepristona. La Corte Suprema finalmente rechazó ese caso porque los médicos antiaborto que lo presentaron carecían de legitimación activa, pero no abordó si los cambios normativos de la FDA eran legales. En la sentencia del viernes, Duncan escribió que el mismo razonamiento "se aplica directamente" al cambio normativo de telemedicina de 2023.