Un juez federal bloquea la cancelación de subvenciones por 'prioridades cambiadas' mientras la OMB busca consolidar el control político

La semana pasada, una jueza federal dictaminó que las agencias federales no pueden utilizar las 'prioridades cambiadas' para cancelar subvenciones previamente adjudicadas, eliminando una de las herramientas de la administración Trump para terminar con la financiación de la investigación. La orden judicial se aplica únicamente a los 23 estados que presentaron la demanda. Al mismo tiempo, la Casa Blanca está impulsando un amplio cambio normativo que daría a los funcionarios de la administración más poder sobre miles de millones de dólares en subvenciones federales.

La sentencia de la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, se centró principalmente en el significado de una cláusula de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca que establece que una 'adjudicación federal puede ser cancelada en parte o en su totalidad' por razones que incluyen, 'en la medida en que lo autorice la ley, si una adjudicación ya no efectiviza los objetivos del programa o las prioridades de la agencia'. Talwani concluyó que, si bien la cláusula de cancelación puede permitir poner fin a subvenciones que ya no cumplen con las prioridades vigentes en el momento en que fueron otorgadas, no puede utilizarse para eliminarlas basándose en los nuevos objetivos de una administración. 'Los requisitos priorizan garantizar que los beneficiarios estén informados, antes de solicitar, sobre cuáles son los objetivos del programa y las prioridades de la agencia para cualquier adjudicación particular', escribió. 'Sería contrario a este esquema extenso interpretar la Cláusula de Cancelación para permitir la terminación de subvenciones basándose en nuevas prioridades, incluyendo prioridades no reveladas a los beneficiarios'.

Los estados demandaron a la OMB y a múltiples agencias federales, incluida la National Science Foundation y la National Endowment for the Humanities, alegando que las agencias cancelaron miles de millones de dólares en subvenciones federales, incluyendo subvenciones para universidades y programas de almuerzos escolares. Los demandantes afirman que poseen numerosas adjudicaciones activas: al menos 1.180 subvenciones activas que suman más de $5.391.125.688 en financiación. La jueza otorgó protección contra cancelaciones similares de subvenciones actuales y futuras, rechazando el argumento del gobierno de que el temor de los estados a una futura cancelación era solo 'hipotético'.

Pero si la OMB finaliza sus controvertidos cambios propuestos a su guía uniforme para la concesión de subvenciones federales, la administración podría nuevamente terminar subvenciones basándose en sus propias prioridades cambiantes. La propuesta, que ha recibido más de 490.000 comentarios públicos, modificaría la cláusula de cancelación para decir que las subvenciones podrían cancelarse si no promueven las prioridades 'tal como existen en el momento de la cancelación'. El documento de más de 400 páginas, propuesto a fines de mayo, también ordenaría a los 'funcionarios de alto rango' de las agencias federales que se encarguen de otorgar y cancelar subvenciones de investigación nuevas y existentes y otras adjudicaciones federales, convirtiendo a los designados políticos, no a los revisores pares, en los principales decisores de quién recibe subvenciones.

La propuesta prohibiría subvenciones que promuevan 'teorías de responsabilidad por impacto dispar, servicios de eventos discriminatorios, DEI (diversidad, equidad e inclusión), ideología de género' y 'mutilación sexual infantil', y también prohibiría subvenciones para campañas de registro de votantes, defensa de causas o actividades políticas. No incluye, como se esperaba, un límite del 15 por ciento a las tasas de reembolso de costos indirectos de investigación; la OMB dijo que no propone actualizaciones al sistema de negociación de tasas de costos indirectos. La OMB ha argumentado que los cambios aportarían 'la tan necesaria responsabilidad al proceso de concesión de subvenciones y garantizarían que el dinero de los contribuyentes se gaste sabiamente'.

The New England Journal of Medicine comparó la propuesta con el lisenquismo, escribiendo que 'permitir que la política controle el proceso científico puede detener o incluso revertir el progreso de una nación'. Grupos de oposición y revistas científicas han pedido una avalancha de comentarios públicos.

El incierto entorno de financiación federal para la investigación también ha pasado factura a los programas de posgrado. El número de estudiantes de doctorado admitidos en 55 universidades de investigación disminuyó un 15 por ciento durante el último año, y la matrícula de nuevos estudiantes de doctorado en 42 universidades cayó un 11 por ciento entre el otoño de 2024 y el otoño de 2025. El California Institute of Technology espera tener un 40 por ciento menos de nuevos estudiantes de posgrado este otoño, y el Massachusetts Institute of Technology espera alrededor de un 20 por ciento menos. Las solicitudes nacionales para programas de doctorado aumentaron un 3 por ciento, pero las solicitudes internacionales cayeron un 21 por ciento. Las instituciones miembros de la AAU otorgan aproximadamente la mitad de los doctorados de investigación del país.

Los líderes de la comunidad científica están centrados en avanzar después de lo que el director ejecutivo de la American Association for the Advancement of Science llamó 'una ruptura'. 'No vamos a volver atrás. No es posible. Se ha hecho demasiado daño. Ha cambiado demasiado', dijo el director ejecutivo en la reunión anual de la organización en Phoenix. La reunión marcó un año desde las cancelaciones generalizadas de subvenciones, los congelamientos de fondos, las prohibiciones de ciertos temas de investigación, los despidos y la moral inestable. La AAU, que nunca había presentado una demanda contra el gobierno federal desde su fundación en 1900, demandó por el plan de los NIH de limitar los costos indirectos de investigación al 15 por ciento; esa política y otras similares de otras agencias han sido bloqueadas por los tribunales y el Congreso. Mientras la administración Trump propuso recortar casi el 40 por ciento del presupuesto de los NIH y el 56 por ciento del de la NSF para el año fiscal 2026, el Congreso rechazó esa propuesta y en su lugar votó por mantener la financiación de la investigación científica prácticamente sin cambios.