Avanza en Virginia el proyecto de la Junta de Asequibilidad de Medicamentos Recetados mientras la gobernadora busca cambios
Los legisladores de Virginia vuelven a impulsar un proyecto para crear una Prescription Drug Affordability Board, mientras la gobernadora Abigail Spanberger busca introducir enmiendas antes de respaldarlo. La medida establecería una junta para analizar los precios de los medicamentos y aplicar topes federales a los planes de salud regulados por el estado.
Virginia vuelve a avanzar en la legislatura en su intento de varios años por establecer una Prescription Drug Affordability Board, pero sigue sin estar claro si esta vez finalmente se convertirá en ley. La propuesta bipartidista crearía una junta especial de expertos médicos y de salud encargada de analizar datos y garantizar que los topes federales a los precios de los medicamentos se apliquen a los planes de seguro médico regulados por el estado.
La legislatura aprobó la medida durante los dos últimos años, pero el exgobernador Glenn Youngkin la vetó, al citar preocupaciones sobre frenar la innovación médica y la capacidad de atraer compañías farmacéuticas al estado. La gobernadora Abigail Spanberger no ha confirmado si firmaría, enmendaría o vetaría la medida si los legisladores se la envían a su despacho, y ahora busca enmiendas antes de respaldar plenamente la idea.
Si los proyectos se convierten en ley, establecerían un panel asesor para examinar datos y garantizar que los topes federales a los precios de los medicamentos se apliquen a los planes de seguro médico regulados por el estado. Otra enmienda elimina un texto que replicaba lenguaje de la legislación federal orientada a frenar los precios de los medicamentos. Basado en reducciones de costos aprobadas a nivel federal para determinados fármacos para beneficiarios de Medicare, el proyecto ha sido descrito como algo que “simplemente extiende eso”. Las aprobaciones federales ya se aplican a 10 medicamentos desde comienzos de este año y se espera que otras 15 entren en vigor el próximo año.
Los defensores advierten que una cláusula propuesta de nueva promulgación impide que el proyecto tenga la capacidad real de generar ahorros para la que fue creado. Uno de sus promotores dijo que no apoya las enmiendas, lo que hace posible que el proyecto sea devuelto a la gobernadora para que considere firmarlo tal como le llegó.
La propuesta ahora suele ser denominada por legisladores y defensores como la Affordable Medicine Act. La legislación se ha presentado durante varios años consecutivos, y los legisladores dijeron que siguen trabajando con las partes interesadas y con la administración para perfeccionar el proyecto y asegurarse de que sea eficaz.
Los opositores han calificado la medida de “sumamente defectuosa” y han advertido que, dado que los estados financian la puesta en marcha de estas juntas, los contribuyentes asumirán esos costos. Los legisladores que respaldan el proyecto han dicho que están estudiando en qué han acertado y en qué han fallado juntas similares.
Maryland se convirtió en el primero del país en crear una PDAB en 2019, pero no avanzó mucho hasta hace poco. La pandemia de COVID-19 de 2020 llevó al estado a retirar la financiación asignada a la junta y a no nombrar a sus integrantes; después de que se liberaran los fondos, la junta tardó un año y medio en establecer un marco regulatorio y decidirse por seis medicamentos para considerar una reducción de costos.
La PDAB de Colorado estableció un tope para Enbrel, un medicamento utilizado para varios trastornos autoinmunes, pero el límite aún no ha entrado en vigor. Tras superar un desafío legal anterior, la junta de Colorado enfrenta una nueva demanda del fabricante del medicamento.
La junta de Virginia podría intentar alinear los precios con los de medicamentos que ya han obtenido límites federales mediante la Inflation Reduction Act de 2022 aprobada por el Congreso. Esa ley federal se aplicó a medicamentos cubiertos por Medicare, mientras que la junta de Virginia podría tener un alcance más amplio. Los legisladores volverán a reunirse el 22 y 23 de abril para revisar enmiendas a la legislación, posiblemente impugnar vetos y finalizar el presupuesto estatal.