Lanzan la Comisión de la Verdad sobre las EJK; el juicio de Duterte en la CPI será en noviembre

Activistas respaldados por la Iglesia Católica de Filipinas lanzaron el miércoles un órgano independiente de investigación de las ejecuciones extrajudiciales (EJK) relacionadas con las drogas durante el mandato de seis años del expresidente Rodrigo Duterte. La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad sobre las EJK se produjo pocas horas antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara que el juicio de Duterte comenzará a finales de noviembre. La guerra contra las drogas, librada de 2016 a 2022, dejó hasta 30.000 muertos, según grupos de derechos humanos, y Duterte fue acusado posteriormente de crímenes de lesa humanidad por la CPI.

Se espera que la comisión de cinco miembros celebre audiencias públicas a partir de julio. Raul Pangalangan, profesor de derecho que trabajó como juez en la CPI, presidirá el órgano. Pangalangan afirmó que la comisión "fue creada para garantizar que las historias de las víctimas, los sobrevivientes y las familias sean escuchadas, verificadas y preservadas". La sangrienta represión bajo Duterte "ocurrió porque todos miraron hacia otro lado", dijo Pangalangan, y la calificó de "casi una conspiración de silencio". El cardenal Pablo Virgilio David, obispo que formará parte de la comisión como asesor, señaló que la investigación es "largamente esperada" y que "en última instancia, lo que aspiramos es a la sanación, no solo de las víctimas sino también de nuestras instituciones". La comisión hará recomendaciones a la Oficina del Presidente, al Congreso y a la Comisión Nacional de Policía, y tiene como objetivo investigar a muchos de los miles de policías que participaron en la represión y que aún no han sido llevados ante la justicia.

Duterte, de 81 años, fue arrestado en Filipinas el año pasado y llevado a La Haya para enfrentar el juicio. La CPI dijo que comenzará su juicio por crímenes de lesa humanidad el 30 de noviembre. Se le acusa por la campaña antidrogas durante su presidencia y por las represiones anteriores realizadas cuando era alcalde de Davao. Duterte ha rechazado los cargos, alegando que la policía solo disparó a personas en defensa propia. Permanece detenido en el centro de detención de La Haya. Su equipo de defensa había argumentado que Duterte no goza de la salud mental necesaria para seguir el proceso; posteriormente se le consideró apto para participar en el procedimiento preliminar.

Duterte comparecerá ante los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I (PTC I) de la CPI para una audiencia de confirmación de cargos y una audiencia anual de revisión de su detención, programadas para cuatro días: el 23, 24, 26 y 27 de febrero. Aún no está claro si su participación será presencial o virtual, aunque se espera que asista físicamente, a la espera de que se apruebe la solicitud de la defensa de participar por videoconferencia. Las audiencias se celebrarán ante la jueza presidenta Iulia Motoc, la jueza Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y la jueza María del Socorro Flores Liera. Según la CPI, la audiencia de confirmación de cargos tiene como objetivo determinar si existe "prueba suficiente" para establecer "motivos fundados para creer" que Duterte cometió cada uno de los crímenes que se le imputan. Dentro de los 60 días calendario posteriores a la audiencia, o antes del 28 de abril, los jueces decidirán si confirman todos o algunos de los cargos.

Hay tres resultados posibles. Si hay pruebas suficientes para confirmar los cargos, Duterte permanecerá detenido para enfrentar un juicio pleno que podría concluir en condena o absolución; se constituiría una Sala de Primera Instancia separada, y los juicios de la CPI pueden durar en promedio ocho años. Si no hay pruebas suficientes, la PTC I detendrá el procedimiento y podría ordenar la liberación de Duterte, aunque la fiscalía puede apelar o solicitar nuevamente la confirmación con pruebas adicionales. Alternativamente, la PTC I puede aplazar la audiencia y pedir a la fiscalía que aporte más pruebas, realice más investigaciones o modifique un cargo; las órdenes de detención por los cargos no confirmados cesarían, lo que posiblemente conduzca a la liberación de Duterte.

El abogado principal de Duterte, Nicholas Kaufman, dijo que la defensa refutará en la audiencia preliminar la existencia de coautores de la guerra contra las drogas, incluidos los senadores Ronald "Bato" Dela Rosa y Christopher "Bong" Go. Kaufman afirmó que la defensa demostrará que los ocho presuntos coautores "carecen por completo de verdad" y calificó la acusación de "ficción jurídica". También fueron mencionados en el escrito de acusación el exjefe de contrainteligencia de la PNP, Vicente Danao; el exdirector de la Agencia Antidrogas de Filipinas (PDEA), Isidro Lapeña; el exdirector de la NBI, Dante Gierran; Oscar Albayalde, exdirector regional de la Oficina de Policía de la Región de la Capital Nacional; el fallecido Camilo Cascolan; y el exsecretario de Justicia Vitaliano Aguirre. Kaufman dijo que ninguno de estos coautores tiene actualmente órdenes de arresto en su contra. Añadió que Duterte conoce las identidades de los presuntos coautores desde hace casi un año y que la defensa las mantuvo en reserva "según lo exigido por la corte".

Según la Fiscalía (OTP), Duterte está acusado de tres cargos de asesinato en relación con la muerte de 78 presuntos consumidores y vendedores de drogas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, que abarcan su etapa como alcalde de Davao y como presidente. La OTP alegó que Duterte cometió estos crímenes como coautor indirecto mediante la creación de un plan común con al menos otros ocho coautores para "neutralizar" a presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico. El documento de 15 páginas firmado por el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, señalaba que el Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) "seguía una estructura igualmente jerárquica con Duterte a la cabeza" y que "se requería la aprobación de Duterte para que los miembros del DDS realizaran asesinatos en Davao".